Contexto Nacional de la Edad de Oro de Manizales
Rafael Reyes
El General Rafael Reyes, participante activo en las guerras civiles como oficial conservador, fue elegido presidente de la República en 1904. Al momento de su elección el país estaba devastado por la guerra recién terminada, la economía desorganizada, la devaluación que se presentaba era la más fuerte de toda la historia de Colombia como que el tipo de cambio del peso con el dólar había llegado al 10.000 por ciento, moralmente el país estaba postrado por la separación de Panamá (los EUA apoyaron la independencia del istmo para abrir el canal interoceánico en condiciones que los gobernantes colombianos no habían querido aceptar -tratado Herrán-Hay-).
Colombia conoció una etapa de estabilidad política y desarrollo económico (impulsó las obras públicas y la industria). Para continuar sus obras, el presidente decidió cerrar el congreso, implantando la dictadura y, después de lograr que los concejos municipales lo solicitaran, convocó a una Asamblea Nacional que debía reunirse en mayo de 1905. La asamblea fue elegida directamente por Reyes y en ella tuvieron amplia aunque minoritaria representación los liberales. La Asamblea fue eco fiel de las pretensiones de Reyes y, entre otras cosas aprobó la prórroga de su período presidencial a 10 años y reconoció los derechos de las “minorías”, que se suponía iban a seguir siendo los liberales.
Su actitud dictatorial hizo que un movimiento bipartidista de oposición lo obligara a dejar el poder en marzo de 1909: la incapacidad por resolver un agudo problema monetario, y el manejo dado a las relaciones con los Estados Unidos acabaron por hacer perder a Reyes todo apoyo importante. El primer aspecto hizo que los empresarios perdieran buena parte de su benevolencia hacia el presidente, aunque los beneficiarios de los remates de rentas públicas y de los contratos con el estado continuaron apoyándolo. El segundo culminó con ocasión de la discusión del tratado firmado en 1909 por el liberal Enrique Cortés y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Elihu Root, por el cual se normalizaban las relaciones con los Estados Unidos y se ponía punto final al conflicto sobre Panamá. Aunque entre los dirigentes colombianos existía ya un consenso acerca de la necesidad de esa normalización, de la que se esperaban importantes ventajas económicas, dado el creciente papel de los Estados Unidos como consumidores del café colombiano y las posibilidades de inversión de capital norteamericano en el país, el momento político no era muy adecuado, pues la discusión del tratado en la Asamblea Nacional permitió a los enemigos liberales y conservadores de Reyes apoyarse en la fresca herida de Panamá para acabar de desacreditar al presidente, que después de varios incidentes acabó retirándose de su cargo.
En las postrimerías del gobierno de Reyes se formó un grupo de oposición con pretensiones de constituirse en un tercer partido. Fue éste el Movimiento Republicano de existencia fugaz. Su concepción política se expresó en la reforma constitucional de 1910 que era una adecuación del aparato estatal a las nuevas necesidades económicas
Por esa epoca, la construcción de ferrocarriles dio ocasión para nuevas inversiones de capital extranjero en el país, que se añadieron a las ya existentes en la navegación a vapor del Río Magdalena y el canal del Dique y en la minería de Antioquia y Chocó. Pero el volumen del capital invertido, casi todo inglés, fue reducido. Los contratistas, ingleses o norteamericanos, operaron muchas veces con capital local o estatal, pero una larga historia de pequeños empréstitos y emisiones de bonos por las compañías constructoras condujo rápidamente a que la propiedad de los ferrocarriles más importantes quedara en manos de sociedades inglesas. En 1910 la mayoría de los ferrocarriles era de estas empresas, que tenían un capital de unos 25.000.000 de dólares. Esta suma representaba el grueso de la incorporación de capitales extranjeros a la economía nacional, que como se ve era todavía muy limitado; el único sector de importancia al cual se habían vinculado capitales foráneos en años recientes era el de la agricultura de plantación, en especial al banano, donde desde finales del siglo estaban operando capitales norteamericanos de la United Fruit Company. Todavía en las primeras décadas de este siglo la dependencia del país hacia las metrópolis seguía siendo esencialmente comercial, basada en el intercambio de productos agrícolas y mineros por los artículos manufactureros que consumía el país.
Ramón González Valencia
El designado encargado de la presidencia, Ramón González Valencia, convocó a una nueva Asamblea Nacional, elegida por los concejos municipales, la cual se reunió en mayo de 1910 y cuya tarea central era modificar la Constitución de 1886 de modo que las instituciones políticas nacionales reflejaran los puntos esenciales de consenso de la clase dirigente y permitieran a las dos grandes vertientes en que ésta se encontraba dividida gozar en forma relativamente libre de los derechos políticos que la aplicación de la Constitución vigente había llevado a desconocer. Esta tarea de conciliación entre liberales y conservadores fue conducida en términos generales por un nuevo grupo político, los republicanos, en cuyas filas se unieron los elementos más civilistas y legalistas de ambos partidos y algunos representantes de los grupos empresariales más progresistas del país, entre los que figuraban en primer plano los miembros de la burguesía antioqueña y de las otras regiones a las que estaba pasando el eje de la vida económica como consecuencia del crecimiento de las exportaciones cafeteras.
La Asamblea suprimió las causas principales de conflicto político de la Constitución del 86: redujo el período del presidente a 4 años y prohibió su reelección inmediata, decretó la reunión anual del Congreso y ordenó la expedición de una legislación electoral que diera representación a las minorías. El Congreso recibió el poder de elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de ternas presentadas por el jefe del ejecutivo mientras a la corte se dio el poder de decidir sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de guardar la “integridad de la Constitución” y, para proteger a los particulares de los abusos oficiales, se ordenó el establecimiento de una jurisdicción contencioso-administrativa. La pena de muerte fue abolida y se prohibió toda emisión del papel moneda de curso forzoso.
La elección de funcionarios se hizo más representativa, pero sólo se mantuvieron ciertas restricciones al derecho de voto de los ciudadanos. La elección presidencial se haría en forma directa, pero sólo podían sufragar los ciudadanos que tuvieran cierta renta o propiedad o supieran leer y escribir; igual limitación subsistía para la elección de representantes a la cámara. La elección de senadores seguía siendo indirecta, aunque se ordenó una reagrupación de las circunscripciones para garantizar los derechos de las minorías.
El movimiento de la Regeneración pronto se convirtió en un gobierno simplemente conservador. Tras de su intento dictatorial (1904-1909) Rafael Reyes dejó el mando y fugazmente se instaló en el poder, el Movimiento Republicano. A su nombre Carlos E. Restrepo gobernó como presidente (1910-1914) pero en la práctica el grupo republicano estuvo compuesto por conservadores y liberales civilistas que pronto regresaron a sus antiguos partidos. La Asamblea constituyente eligió como presidente para el siguiente período (1910-1914) al antioqueño Carlos E. Restrepo, antiguo conservador histórico y uno de los más fervientes partidarios, desde 1903, de un acuerdo con los liberales y de reformas que suavizaran la Constitución de 1886. En época más reciente se había convertido en uno de los dirigentes del nuevo grupo republicano. Pero tan pronto como entra a ejercer el poder comenzó la erosión de la unión republicana, cuyos miembros se fueron deslizando poco a poco hacia sus partidos de origen: en realidad, más que un partido, el republicanismo había sido una coalición provisional de la oligarquía moderada de ambos partidos empeñada en la reforma del sistema político. Realizada ésta, parecía difícil justificar la permanencia del grupo, y los políticos más doctrinarios promovieron la reagrupación de los antiguos partidos. El conservatismo, dirigido por Marco Fidel Suárez, renovó como factor básico de diferenciación con el partido liberal el problema religioso, al propugnar por un partido eminentemente católico y por una orientación cristiana del país.
En 1914, último año de su mandato, EUA pagó una indemnización de 25 millones de dolares por el despojo de Panamá y Colombia reconoció la independencia del istmo. De este modo se cumplía el anhelo de la burguesía colombiana de reanudar relaciones normales con los Estados Unidos, deseo que se había venido fortaleciendo a medida que el país entraba más y más en la órbita comercial de aquella nación y a medida que se desarrollaba dentro de Colombia una burguesía exportadora e industrial que esperaba bastante del apoyo financiero de los inversionistas norteamericanos para el desarrollo de transportes, servicios públicos y otras empresas económicas. El restablecimiento de las relaciones con EUA dejó puerta franca a las inversiones del extranjero, sobretodo de filiales de la Stándar Oil Co y de la Texaco, que adquirieron concesiones para la explotación del subsuelo. Las plantaciones de banano y la industria del café habían alcanzado un gran desarrollo; todo ello permitió al país disfrutar de un período de relativa calma política y social, e iniciar su desarrollo industrial.
Un factor que influyo sobre el proceso de crecimiento industrial, y al mismo tiempo un índice de su desarrollo, era el incremento de la población urbana y la transformación que empezaba a operarse en las ciudades mayores. Bogotá se acercaba ya a los 120.000 habitantes en 1905, mientras que Medellín alcanzaba unos 70.000 habitantes y Cali y Barranquilla 50.000 cada una. Aunque todavía no vivía en estas ciudades sino un poco más del 60% de la población del país, y esta proporción no cambiaría mucho hasta la década del 20, cuando comienza realmente el proceso de urbanización acelerado, ya a comienzos de siglo comenzaban a instalarse servicios modernos y a aparecer algunos de los elementos característicos de las grandes ciudades. Bogotá, por ejemplo, contaba con un sistema de tranvías urbanos, con alumbrado eléctrico y acueducto, y el cemento había permitido la construcción de las primeras edificaciones de más de tres pisos; por otro lado, crecía el número de artesanos y obreros, aparecían nuevas formas de miseria y se diluían las relaciones paternalistas de las oligarquías con las clases bajas para ser reemplazadas por nuevos y más tensos vínculos de clase.
José Vicente Concha
E
n 1914 fue escogido como presidente, en la primera elección desde 1857 que se hacía con el sistema de voto directo el conservador José Vicente Concha. Se reanudaba así la secuencia de regímenes inequívocamente conservadores, matizados apenas, por una ocasional invitación a los liberales para ocupar uno o dos ministerios, generalmente en situaciones de crisis nacional o por razones de maniobra política. Pero la expansión del voto favorecía claramente a los conservadores: aunque muchos grandes propietarios y buen número de cultivadores de café eran liberales, los propietarios conservadores, con el apoyo de las autoridades locales, se habían convertido en la práctica en dueños y señores del voto de aparceros, peones rurales y pequeños campesinos, entre quienes, por otro lado, tenían gran influencia las prohibiciones de los párrocos de dar el voto por el partido liberal.A los pocos días de la posesión del nuevo presidente fue asesinado Rafael Uribe Uribe, en uno de los crímenes políticos que más han obsesionado el recuerdo colombiano, después de una violenta campaña de desprestigio dirigida contra él por sectores liberales opuestos a la colaboración con Concha.
Rafael Uribe Uribe
Durante su administración, además, hizo explosión la tensión rural en la rebelión acaudillada por el indio Manuel Quintín Lame en el departamento del Cauca, enmarcada dentro de un proceso continuado de expansión de la ganadería, que amenazaba la agricultura de los pequeños propietarios indígenas, impulsaba la disolución legal o violenta de los resguardos de indios aún existentes, bajo la presión de hacendados y latifundistas y acentuaba, en el seno de las haciendas tradicionales, la explotación de los aparceros y terrazgueros obligados a trabajar para el propietario a cambio del derecho a sembrar una pequeña parcela.
En las elecciones para el siguiente periodo presidencial —de 1918 a 1922— los liberales, dirigidos ahora por Benjamín Herrera, decidieron intentar otra vez la antigua táctica de apoyar un candidato conservador transaccional, para promover las divisiones del partido de gobierno, al que no se creía posible derrotar en forma abierta. El candidato oficial, Marco Fidel Suárez, triunfó y fue derrotado el disidente Guillermo Valencia, en unas votaciones en las que participaron casi 400.000 ciudadanos.
Marco Fidel Suárez
El presidente electo era un antioqueño de origen bastante humilde que había ascendido a elevadas posiciones políticas durante la época de la regeneración y se había integrado completamente dentro de la estrecha clase dirigente colombiana; su concepción de los nacientes problemas sociales de la época estaba dominada por una visión paternalista y religiosa, que lo llevaba a recomendar como la mejor solución para ellos la práctica de la caridad cristiana y de la benevolencia y ayuda de los ricos a los pobres; entretanto su acción como gobernante era bastante hostil a las reivindicaciones obreras.
El señor Suárez, que había adquirido gran fama como internacionalista, definió la política exterior colombiana en forma claramente pronorteamericana, lo que correspondía en parte a la nueva situación creada por la postguerra, cuando se acentuó la hegemonía económica de los Estados Unidos, y en parte a situaciones locales. Entre éstas se destacaba la urgencia de los círculos colombianos para que los Estados Unidos aprobaran el tratado Urrutia-Thompson, y la necesidad de definir una política alrededor de las concesiones petroleras, que se disputaban grupos ingleses y norteamericanos. Colombia aprovechó la situación para presionar la aprobación del tratado, sugiriendo que con esto se abrirían las puertas del país al capital petrolero del imperialismo norteamericano, que ya había logrado algunas concesiones menores en el país. En los Estados Unidos el tratado seguía detenido por los partidarios del presidente Roosevelt, que objetaban la cláusula del “sincero pesar” y por maniobras tendientes a usar el tratado como un arma para lograr concesiones previas del gobierno colombiano acerca del petróleo. Finalmente, después de que la Corte Suprema de Colombia derogó algunos decretos objetados por los petroleros, éstos, apoyados por el gabinete norteamericano, lograron forzar la aprobación del tratado, en el que se suprimió la cláusula acerca del “sincero pesar” y se hicieron otras modificaciones. El Congreso colombiano se mostró renuente a aprobar los cambios; la mayoría de la cámara había formado un bloque contra el presidente, que fue finalmente acusado, en octubre de 1921, por la realización de una serie de actividades comerciales privadas con personas que tenían negocios pendientes con la administración. El presidente admitió algunos de los cargos y, para facilitar la aprobación del tratado, aceptó retirarse del poder. El sucesor, Jorge Holguín logró la aceptación del tratado, que fue impulsado por el ministro de relaciones exteriores, Enrique Olaya Herrera y por grupos ligados a las compañías petroleras.
Jorge Holguin Mallarino
Durante estos años se establecieron modernas industrias, de cigarrillos, dulces, gaseosas y otros productos, y se amplió la producción de cervezas, tejidos y cementos. Desde entonces comenzó a configurarse la estructura de la industria nacional, que perduraría hasta mediados de siglo: capital casi exclusivamente colombiano, organización en sociedades anónimas, generalmente alrededor de un fuerte grupo familiar que conservaba el control de la compañía, esfuerzo por establecer una posición de monopolio u oligopolio dentro del mercado nacional, que trataba de abastecerse, cuando los costos de transporte lo exigían, mediante la instalación de plantas en diversos sitios del país. Por otra parte, no se configuró el sector industrial con un grupo de empresarios orientados exclusivamente a las manufacturas: la mayoría de los inversionistas industriales se ocupaba simultáneamente del comercio, de la siembra de café o la apertura de haciendas ganaderas.
El desarrollo industrial y el crecimiento paralelo de las ciudades, así como el impulso que recibieron las obras públicas, condujeron a la aparición de las primeras formas de una verdadera clase obrera, que aunque representaba todavía una muy baja proporción de la población, empezaba a desarrollar una actividad política y sindical independiente y a convertirse en fuerza política con la cual era indispensable contar.
El proceso de organización obrera se dio principalmente en el área del transporte —ferrocarriles, trabajadores del río Magdalena, trabajadores portuarios— y después de 1920 en enclaves extranjeros como las instalaciones petroleras y las plantaciones bananeras. A estos grupos se unían las organizaciones de artesanos, como sastres, zapateros y albañiles, entre los que se difundían vagas ideas socialistas, teñidas a veces de formas más o menos heterodoxas de religiosidad. Ya en 1910 se habían realizado esfuerzos por crear un partido obrero y por formar centrales obreras que unieran los diversos sindicatos en un organismo único. En 1913 se estableció la Unión Obrera de Colombia, que vivió precariamente hasta 1916; en 1919 se reunió de nuevo un Congreso Obrero en Bogotá y durante los años siguientes se siguieron creando sindicatos en todo el país, con predominio de aquellas que agrupaban ciertos oficios artesanales, como sastres, zapateros y albañiles.
El gobierno respondió a la actividad obrera con cierto paternalismo hostil; las huelgas en las que se presentaron actos de violencia fueron reprimidas brutalmente, pero se reconoció legalmente el derecho a la huelga en noviembre de 1919. Sin embargo, el decreto en que se hacía esto, prohibía toda acción distinta al simple cese del trabajo y garantizaba explícitamente el derecho de los patronos a contratar trabajadores para reemplazar a los huelguistas. Un año después se prohibió la huelga en las actividades del transporte y en algunos servicios públicos y se prohibió a los obreros declarar huelgas antes de someterse a un período de conciliación.
En estos años se expidieron algunos esbozos de legislación laboral, en los que estableció el seguro de vida obligatorio en algunos casos, el derecho al descanso dominical (pero no remunerado) y algunas normas de salubridad e higiene en las fábricas, pero en conjunto la República Conservadora no estuvo inclinada a hacer a los obreros concesiones que pudieran limitar aún levemente los beneficios de los empresarios, agrícolas o industriales.
Al lado de las acciones sindicales, los trabajadores, acompañados por amplios grupos de intelectuales, organizaron un partido socialista que publicó su plataforma en 1919, en la que se hacían tímidas reivindicaciones y se confiaba el triunfo del partido a los éxitos electorales. Por lo tanto la única esperanza seria del liberalismo residía en captar el creciente voto urbano; si obreros y artesanos acogían las banderas socialistas, el liberalismo perdería definitivamente toda posibilidad de triunfo. El liberalismo respondió con rapidez al desafío, invitando por la prensa a los artesanos a apoyar a los liberales contra el conservatismo, al que señalaba como obstáculo real de toda reforma favorable a los obreros y adoptando en el programa del partido algunas reivindicaciones reformistas de los socialistas: asistencia pública, campañas sanitarias, reglamentaciones sobre jornales mínimos y trabajo de niños; por otra parte el programa pedía que se estableciera el arbitraje obligatorio para la solución de las huelgas. Estos cambios del programa liberal, además de las razones electorales que los impulsaban, reflejaban también la influencia ideológica del socialismo en muchos jóvenes liberales y estaban dentro de cierta línea de modernización de los programas del partido a la que había contribuido 10 años antes el General Rafael Uribe Uribe.
Así, en forma algo imprevista el liberalismo pasó a asumir el papel de partido urbano en el que se expresaban —orientados y dirigidos por sectores particularmente flexibles de la burguesía— en alguna medida reivindicaciones de sectores obreros, mientras se abandonaban los principios ultraliberales e individualistas que habían definido durante las décadas anteriores la visión liberal de los problemas sociales.Los socialistas trataron de responder a la incorporación de sus ideas en el programa liberal radicalizando sus exigenciasLas dificultades de operar independientemente del liberalismo se manifestaron inmediatamente.
Para las elecciones de 1922, el liberalismo decidió lanzar la candidatura presidencial de su jefe Benjamín Herrera, a quien se enfrentó el conservador Pedro Nel Ospina. Los socialistas, invitados por Herrera, lo apoyaron y contribuyeron a que obtuviera el triunfo en las zonas urbanas del país: Herrera ganó en todas las capitales de departamento, menos tres, y en general obtuvo mayoría en las regiones donde había una población obrera y artesana numerosa. A partir de este momento el liberalismo acentuó su línea de apoyo a ciertas reivindicaciones proletarias y fue adquiriendo una base obrera de magnitud cada vez mayor, que influyó decisivamente en el carácter del partido y lo sometió a repetidas tentaciones populistas, pero nunca puso en peligro el control ejercido por la burguesía liberal sobre su orientación básica.
Pese a los éxitos que logró Herrera en las grandes ciudades, el candidato conservador, con una elevada votación rural, obtuvo el triunfo: Ospina logro 414.000 votos contra 256.000 de su oponente. La demostración del renacimiento liberal era clara, y habría sido mayor sin el fraude general que se hizo en las elecciones, marcadas además por frecuentes estallidos de violencia.
Pedro Nel Ospina
El presidente electo, hijo del mandatario vencido por los liberales en 1861, era un exitoso empresario antioqueño, fundador de industrias y dueño de algunas de las mayores y más modernas haciendas cafeteras y ganaderas del país. Con su elección, la nueva burguesía —nueva por sus actitudes y actividades, aunque compuesta en gran parte por miembros de los grupos dominantes tradicionales— tenía a uno de sus más ilustres representantes al frente del estado: la actuación de Ospina estuvo caracterizada por la audacia, el pragmatismo, el afán de progresos y el deseo de modernización que compartía esa burguesía, cuyos miembros más inteligentes querían validar su derecho tradicional a conducir el país mediante administraciones más eficaces y progresistas, con una adecuada mezcla de paternalismo y represión en el tratamiento de las clases bajas.
Uno de los centros de atención de la actividad presidencial fue el avance de las vías de comunicaciones, para lo cual el país pudo contar con las sumas provenientes de la indemnización de Panamá, así como con créditos e inversión extranjeras. Todavía el núcleo del programa era la ampliación de la red ferroviaria, que había venido avanzando con lentitud entre una maraña de intrigas, indemnizaciones, estafas y dificultades administrativas. Para 1910 Bogotá había sido unida por dos vías al Magdalena, y el ferrocarril de Antioquia completó 102 kilómetros que recibían ya amplio uso. El total de las líneas existentes, que era entonces de unos 900 Km, pasó en 1922 a casi 1.500. En los cuatro años de la administración Ospina se añadieron 800 kilómetros a la red férrea, que ya para entonces había adquirido la fisionomía que mantendría en adelante. La baja en los costos de transportes que la conclusión de los ferrocarriles permitió obtener, constituyó uno de los factores básicos en la exportación cafetera y hacia 1930, con una red total de unos 2.700 kilómetros, todas las zonas cafeteras importantes del país contaban con una ruta férrea adecuada para encontrar la salida al mar.
El sistema de transportes colombianos se amplió en otras áreas con bastante rapidez. Desde 1905 los automotores comenzaron a utilizarse en el país, lo que obligó al gobierno a atender a la construcción y conservación de carreteras. Pero todavía en 1930, cuando las estadísticas oficiales declaran la existencia de unos 5.700 kilómetros de vías para automotores, la importancia económica de éstos era leve en comparación con el ferrocarril. La desarticulación del sistema de comunicaciones terrestres, que dependía del lento transporte fluvial por el Magdalena para empatar diversos tramos de ferrocarril o para completar la ruta al mar, favoreció la utilización temprana de la aviación comercial: desde 1919 comenzaron a efectuarse vuelos regulares en hidroaviones entre la costa Atlántica y Girardot, convirtiendo la usual expedición de dos semanas en un viaje de pocas horas. Lo que esto representó, junto con el uso del correo aéreo, para impulsar una integración mayor del país es imposible calcular; en el mundo político el avión permitiría el contacto director aunque fugaz, de los jefes y sus seguidores: las “giras” políticas se convertirían pronto en un hábito.
Finalmente, durante la década del veinte el sistema de telégrafos, ya bastante avanzado desde finales de siglo, fue complementado por la instalación de las comunicaciones inalámbricas; la radiodifusión comercial, con su profunda influencia sobre las costumbres sociales y políticas, sólo iría a aparecer en la década siguiente.
La prensa había tenido también un vigoroso desarrollo, y entre los 30 o más diarios quo circulaban en las principales ciudades del país, algunos como El Tiempo, El Espectador y el Diario Nacional de Bogotá, Relator y Diario del Pacífico en Cali, El Colombiano y La Defensa en Medellín, ejercían un poder político inconmensurable con su circulación, pero explicable por la composición aún muy elitista de su público, que incluía esencialmente a los miembros de las clases dirigentes, a los reducidos grupos profesionales y a los artesanos y obreros más atraídos por la política.
El arreglo de la cuestión de Panamá, mencionado ya, no sólo permitió que el gobierno contara con 25 millones de dólares para sus gastos en obras públicas, sino que abrió el país a un influjo acelerado de inversión extranjera y permitió a las autoridades colombianas y a los bancos lanzarse sobre el mercado de capitales de los Estados Unidos para tratar de obtener créditos con diversos destinos. Los préstamos se hicieron más frecuentes desde cuando el presidente Ospina logró la reorganización del sistema bancario y fiscal del país, con base en las recomendaciones de la misión norteamericana dirigida por E. Kemmerer.
Esta reorganización, que incluyó la creación del Banco de la República, la reforma del sistema fiscal y contable del estado y otros aspectos, y tuvo visibles efectos sobre el mercado de capitales y el sector financiero, dio confianza a los inversionistas norteamericanos que en el solo año de 1926 prestaron más de 30 millones de dólares y continuaron prestando, hasta que a fines de 1928, se habían recibido más de 200.000.000 de dólares en créditos. Fuera de esto entraron al país unos 50.000.000 por inversión directa, sobre todo en el área de los petróleos. Este influjo de divisas, reforzado por el crecimiento de las exportaciones, dio al país una capacidad de compra en el exterior con la que pocos años antes habría soñado. La industria aprovechó por su parte la disponibilidad de moneda extranjera para ampliar su capacidad y adquirir bienes de producción.
Por otra parte, los ingresos del gobierno central aumentaron rápidamente, no sólo por el aporte directo de recursos de créditos —que fueron obtenidos con mayor desenvoltura por municipios y departamentos— sino por el efecto sobre los ingresos de aduana de los aumentos en las importaciones y en general por el efecto en los recaudos fiscales de la mayor actividad económica.
Este crecimiento, sólo vino a
detenerse temporalmente con la crisis de 1929.
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